Actualizado el miércoles, 25 noviembre, 2020
Los belgas fueron los primeros en tipificar como delito los comentarios sexistas en la calle y han inspirado a otros países, pero después de un año de vigencia de la Ley, sus detractores piden que se elimine por ineficaz y amenazar la libertad de expresión.
En agosto de 2014 Bélgica se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley contra los comentarios sexistas. La norma contempla multas de 50 a 1.000 euros y penas de hasta un año de prisión. Está incluida como Ley Género, vigente desde 2007 y su objetivo es perseguir la incitación a la discriminación, a la violencia y al odio por razón de sexo.
La norma fue una promesa cumplida de la entonces ministra de Interior e Igualdad de Oportunidades, Joëlle Milquet, hecha tras ver Femme de la Rue, un vídeo de Sophie Peeters, una estudiante que en 2012 grabó un paseo por las calles de Bruselas en el que podían oírse los comentarios hechos por los hombres a su paso.
Peeters, que grabó el video en una tarde, asegura que escucha esta clase de comentarios entre ocho y diez veces al día y que posteriores entrevistas con mujeres revelan que este se trata de un problema constante. Una reciente encuesta en Reino Unido revela que cuatro de cada diez mujeres son objeto de acoso sexual en espacios abiertos.
En su fase de elaboración, algunos juristas belgas se pusieron en contra al considerar que la nueva ley podía atentar contra la libertad de expresión aunque concluyeron que el derecho a la libertad de expresión no ampara el sexismo, como tampoco ampara el racismo, dejando claro que la ley no contra el halago, sino contra las conductas sexistas.
¿Pero cómo se fija el límite del halago o el insulto?
«Todo gesto o comportamiento que tengan la clara intención de expresar desprecio hacia una persona por razón de su sexo, de considerarla inferior o de reducirla a su dimensión sexual y que comporte un grave daño a su integridad». Este es el texto legal que ha hecho posible que en Bruselas se hayan denunciado 85 casos y se hayan impuesto 22 denuncias tras un año de entrada en vigor de la ley.
Son prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (mall, universidad, plazas, etc.); que suelen generar malestar en la víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación real con la persona agredida.
Todas las personas tienen derecho a transitar libremente y con la confianza de no ser violentados, independiente del contexto, la edad, la hora del día o el vestuario que ocupa la persona agredida, los derechos humanos no dependen ni se suspenden por detalles del entorno. No hay excusas ni justificaciones para el acoso sexual callejero.
Las prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera sistemática, en especial por las mujeres, ocurriendo varias veces al día desde aproximadamente los 12 años, lo que genera traumatización no sólo por hechos de acoso especialmente graves, sino por su recurrencia.
Después de un año, muchos sectores siguen siendo muy críticos con la ley. Algunos juristas que criticaron su aprobación y el Partido Libertario, opinan que los casos son pocos y no la justifican. Piden que se retire porque, además de atentar contra la libertad de expresión, creen que ha resultado poco efectiva.
En la entidad Vie Féminine no comparten esta opinión y afirman que la validez de una ley no se puede medir cuantitativamente, que aún hay muchas mujeres que no la conocen y que aunque sean pocas las que aún denuncian debe existir para protegerlas y para darle visibilidad a un problema que ocurre en todo el mundo.
A pesar de haberle salido algunos detractores, la ley belga se ha convertido en un referente para otros países que en este año han avanzado mucho en la elaboración de sus propias normas.
El interés ha venido, sobre todo, de países suramericanos. De Perú, por ejemplo, donde en marzo se aprobó la ley contra el acoso callejero que, como la ley belga, contempla sanciones económicas y penales.
Más información sobre esta ley y su posible aplicación en España en INFOLIBRE.
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