Actualizado el viernes, 11 octubre, 2024
Bonnie Honnig, la filósofa política de la democracia radical, recorre en su último libro «Public Things. Democracy in disrepair» (2017) los avateres de las cosas públicas bajo el neoliberalismo. Una democracia, afirma, necesita cosas públicas además de votos. Sin ellas, que continúan en el tiempo, no es posible la democracia.
En 2012, el gobierno español aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, con el fin de eliminar duplicidades y aumentar la racionalización y la eficiencia de los servicios públicos para poder, así, garantizar la sostenibilidad del sistema.
Este experimento, basado en la colocación de cámaras ocultas en una farmacia de Madrid y haciendo creer a sus clientes que sus tarjetas sanitarias habían sido destruidas, pretende generar una conciencia social sobre la necesidad de no excluir a ninguna persona de los servicios sanitarios. No obstante, debemos mencionar, que la tarjeta sanitaria no es obligatoria para ser atendido en España por un médico, si bien es imprescindible para poder comprar los medicamentos a bajo coste por la Seguridad Social.
Para ser exactos, la ley contempla como asegurados a todos aquellos que no sean inmigrantes ilegales o irregulares en nuestro país (nacionales, ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros que gocen de un permiso legal de residencia, además de los cónyuges o análogos).
De acuerdo con la ley, «Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o de beneficiario del mismo podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial». En 2012, Manuel Cervera, portavoz de Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso, afirmaba lo siguiente: «Todos los ciudadanos van a ser atendidos. Los cambios se darán en el conocimiento de los derechos. El que no tenga tarjeta, por ser irregular, recibirá una factura de su comunidad. Esa factura deberá ser pagada por un seguro privado (si la persona lo tiene), por el país (si hay acuerdos con España) o por el propio inmigrante. Si no tiene recursos, simplemente quedará archivada. Cuando el ciudadano vuelva a trabajar, se le pasará la factura. Pero todos serán atendidos, en el centro de salud o donde sea».
Por lo tanto, esto significa que nadie quedará desatendido en nuestro país. Si bien muchos consideran que debería revertirse tal Ley y abogar por una sanidad universal y gratuita para todos, argumentando que los inmigrantes que no se encuentren en situación regular en nuestro país sufren, desde la aprobación del mencionado Decreto, exclusión y peligro de muerte debido a la no atención a su debido tiempo de muchas enfermedades. Asimismo, estiman que la atención recibida por inmigrantes sin papeles alcanza un 5% del total y que esa cifra no impacta de manera importante en el sistema.
Por una parte, lo que está claro es que esta Ley ha sido y sigue siendo muy controvertida y, por otra, que la salud es lo más importante que podemos tener y que debemos cuidar por encima de todo.
Y tú, ¿qué opinas?
La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es nada.
Schopenhauer
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