Actualizado el sábado, 15 noviembre, 2025
Praves, en el municipio de Hazas de Cesto, se ha convertido en el epicentro de un conflicto ambiental y social que trasciende lo local. La propuesta de implantar una macroplanta de biogás para tratar residuos ganaderos promete energía “verde” y soluciones a los purines, pero, tal y como está planteada, abre la puerta a impactos atmosféricos por olores, emisiones fugitivas de metano y amoniaco, riesgos hídricos asociados al manejo del digestato, aumento del tráfico pesado, y una alteración del paisaje difícilmente compatible con el entorno habitado. Todo ello, además, dentro de un modelo centralizado que puede incentivar la importación de residuos desde otras comarcas, desvirtuando la supuesta circularidad.
Este artículo reúne razones técnicas y jurídicas para pedir una moratoria efectiva, proponer alternativas y articular un boicot ciudadano a un proyecto que no encaja con una transición ecológica justa.
Qué se pretende construir y por qué preocupa
- Empeora el clima: las fugas de metano a lo largo de la cadena del biogás pueden anular el beneficio climático si no hay medición y reparación estrictas.
- Olores e irritantes: los picos de sulfuro de hidrógeno y otros compuestos causan molestias y son difíciles de abatir si no se diseñan controles para episodios transitorios.
- Amoniaco del digestato: durante el almacenamiento y la aplicación agrícola se liberan emisiones de NH₃, precursor de partículas finas, salvo que se impongan técnicas de mitigación avanzadas.
- Más camiones y ruido: alimentar una macroplanta implica transporte continuo de purines y residuos con impacto en tráfico, seguridad vial y polvo en núcleos rurales.
- Riesgo para aguas y suelos: vertidos accidentales o mala gestión del digestato pueden contaminar acuíferos y cursos de agua, con costes públicos de vigilancia y restauración.
- Alternativas mejores: soluciones descentralizadas en granja y planes de reducción de residuos orgánicos reducen distancias, emisiones y conflictos frente a macroinstalaciones.
- Rechazo social evidente: 1.600 alegaciones, 1.500–2.000 manifestantes y miles de firmas reflejan falta de consenso y riesgo de conflicto prolongado.
- Intereses privados frente a riesgos públicos: el proyecto lo promueve Verdalia Bioenergy con respaldo de grandes fondos; las externalidades ambientales recaen sobre la comarca.
- Impacto acumulado territorial: se suma a otros proyectos cuestionados en Cantabria, con efectos sobre paisaje, salud percibida y economía local basada en turismo y agricultura.
- Exige garantías que hoy no están cerradas: sin obligaciones vinculantes de control continuo de fugas (LDAR), cubiertas estancas y planes estrictos de digestato, el riesgo residual sigue siendo alto.
La instalación proyectada en Praves —promovida por una empresa privada— ha recibido una DIA favorable condicionada tras recortes de alcance (exclusión de residuos no ganaderos, reducción de superficie ocupada, sistemas cerrados y control de olores). Sin embargo, informes y posicionamientos públicos señalan elementos controvertidos: la presencia de una antorcha/quemador con chimenea de gran altura visible en el paisaje, la magnitud de residuos a tratar que excedería la capacidad local real, y la necesidad de transportar miles de toneladas anuales mediante camiones de gran tonelaje. Con independencia de los matices administrativos, la combinación de tamaño, localización próxima a viviendas y logística intensiva es una receta clásica para conflictos de convivencia y salud ambiental.
Importa subrayar que una DIA favorable no “blinda” el proyecto; es un hito dentro de un itinerario que debe culminar con una Autorización Ambiental Integrada (AAI) —donde se prueban, detallan y, en su caso, limitan emisiones, ruidos, olores, caudales y gestión del digestato— y con la conformidad urbanística y municipal. También existe contencioso por la declaración de “interés social” que habilitaría construir en suelo rústico. Es decir, hay margen legal y técnico para exigir más información, condicionar, o incluso paralizar si no se garantizan estándares muy exigentes.
Riesgos atmosféricos: lo que suele ocurrir cuando una macroplanta se implanta cerca de viviendas
Olores y amoniaco (NH3)
Las plantas que tratan purines y estiércoles son fuentes relevantes de olores —un problema sanitario y de bienestar reconocido en Europa— y de emisiones de amoniaco, un gas precursor de partículas finas (PM2,5) que afecta a vías respiratorias y a ecosistemas. La agricultura concentra alrededor del 90% de las emisiones de NH3 en la UE; toda solución sobre deyecciones debe minimizar el amoniaco en cada fase (recepción, digestión, almacenamiento y aplicación del digestato). Cuando las medidas no son máximas —capotajes integrales, depresión y biofiltración, cubiertas rígidas de tanques, reducciones químicas del NH3, planes de aplicación con inyección y meteorología favorable— los episodios de olor y picos de amoniaco son frecuentes, más aún en verano.
Fugas de metano y antorcha
El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero muy potente a 20 años. Las fugas difusas en válvulas, bridas, membranas de gas y tanques son un riesgo conocido en biogás; la buena práctica exige programas de detección y reparación periódicos (LDAR) y balances de masa auditables. Incluso con LDAR, una parte del gas no aprovechado se quema en antorcha de seguridad o de rutina, generando NOx y otros contaminantes. En entornos habitados, una chimenea visible con llama o pluma puede generar intranquilidad y afectar al paisaje y al turismo rural. La única forma de minimizar esto es dimensionar muy bien la planta (sin sobrecapacidad), disponer de almacenamiento inercial del gas y asegurar consumidores firmes; si el diseño parte de un caudal de residuos sobredimensionado, la probabilidad de antorcha recurrente aumenta.
Tráfico y partículas
Un flujo de camiones de entrada (purines/estiércoles) y salida (digestato) genera polvo, partículas, NO2 y ruido, además del impacto en caminos y travesías. Si la materia prima debe importarse de lejos para “alimentar” la planta, el balance neto climático y de calidad del aire empeora rápidamente, invalidando el argumento de cercanía y circularidad.
Riesgos hídricos y de suelo: el talón de Aquiles del digestato
El digestato no desaparece: cambia de forma. Si se maneja mal —almacenamiento a cielo abierto sin cubiertas, aplicación superficial con calor o viento, vertidos accidentales— puede aportar nitrógeno y fósforo a suelos y cursos de agua, elevando nitratos en acuíferos y eutrofización. España arrastra décadas de problemas con nitratos agrícolas, con informes periódicos de seguimiento que insisten en mejorar el manejo de deyecciones. Una macroplanta mal integrada en el territorio puede agravar focos locales si el retorno del digestato no se planifica con precisión (mapas de parcelas, cupos por hectárea, ventanas meteorológicas, inyección directa al suelo, control telemático de cisternas, auditorías). No basta con llamarlo “biofertilizante”: la prevención de nitratos exige logística y técnica muy finas. En zonas con hidrología sensible o acuíferos vulnerables, el principio de precaución debería aplicar con mayor rigor.
Modelo territorial: cuando la “circularidad” deja de ser local
El corazón de la economía circular es local: residuos donde se generan, energía o fertilidad que se aprovecha cerca, y balances logísticos razonables. Una macroplanta que requiere un caudal de entrada superior al disponible en la comarca no es circular; es una “aspiradora” comarcal que atrae camiones de otras zonas y empuja un negocio de residuos que depende del volumen, no de la sostenibilidad. Más tráfico, más emisiones, más desgaste de vías locales, y ninguna garantía de que las rentas queden en el territorio. Además, el sobredimensionamiento eleva el riesgo de recurrir a entradas “complementarias” (co-sustratos) que, aunque legales, cambian el perfil de olores y emisiones.
Alternativas: lo que sí se puede hacer, con rigor y sin macroproyectos
Antes de resignarse a una macroplanta en Praves, Cantabria puede liderar un enfoque de “descentralización inteligente” del manejo de deyecciones, con un menú de mejores técnicas disponibles (MTD) y de innovación ya probada:
• Digestores pequeños o medianos en granja o en cooperativas de proximidad, con gas destinado a autoconsumo térmico y eléctrico, o a micro-redes térmicas locales (granjas, queserías, secaderos). Menos transporte, más control social.
• Almacenamiento cubierto y hermético de digestato, con recuperación de biogás residual y reducción de amoniaco, complementado con tecnologías de separación sólido-líquido y, cuando sea viable, nitrificación-desnitrificación o stripping/absorción de amonio.
• Aplicación agronómica del digestato por inyección al suelo o mangueras de arrastre a baja altura, con planificación por parcela, cupos por hectárea basados en análisis de suelo y pronóstico meteorológico para minimizar volatilización y escorrentía.
• Tratamientos complementarios en origen: aditivos que reducen metano y amoniaco en fosas, dietas de precisión en ganado, y calendarios de aplicación que evitan episodios meteorológicos desfavorables.
• Pilotos de captura y uso local de CO2 biogénico (si hay upgrading a biometano), siempre que se justifique demanda cercana y se eviten tráficos absurdos.
• Contratos-programa comarcales que repartan cargas y beneficios: quien aporta deyecciones recibe retorno en fertilidad utilizable y servicios agronómicos verificables, con transparencia de datos.
Este enfoque no sólo reduce las externalidades; también democratiza la cadena de valor, evitando la concentración de poder en una única instalación. Y se alinea con la reducción de amoniaco que la UE exige a los Estados, señalando que la agricultura es el principal emisor y que hay margen de mejora con MTD de manejo de estiércoles.
Derechos ciudadanos y vías para frenar el proyecto por la vía legal y cívica
La legislación española y europea reconoce derechos muy claros en materia ambiental: acceso a la información, participación en decisiones y acceso a la justicia. En proyectos de esta naturaleza, la ciudadanía puede —y debe—:
• Solicitar de forma sistemática todos los documentos del expediente (DIA completa con sus condiciones, estudio de impacto, memorias técnicas, planes de olores, planes de digestato, modelizaciones de dispersión, inventarios de emisiones, balances de masa de metano, estudios de tráfico). Si hay anexos confidenciales, exigir versiones públicas expurgadas.
• Formular alegaciones técnicas en cada trámite (AAI, urbanismo, licencias), apoyándose en peritajes independientes y subrayando incumplimientos o incertidumbres: distancias reales a viviendas, capacidad real de residuos comarcales, plan de emergencias, plan de control de fugas, protocolos LDAR, plan de olores con indicadores y umbrales, y plan de aplicación agronómica del digestato con trazabilidad en tiempo real.
• Pedir una Evaluación de Impacto en Salud (EIS) o, en su defecto, un informe de salud pública que valore exposición a olores, NH3 y tráfico para poblaciones vulnerables (menores, mayores, asmáticos).
• Exigir un plan de vigilancia ambiental con datos abiertos (online) en continuo: NH3, H2S, metano en perímetro, meteorología, antorcha (horas de funcionamiento), tráfico pesado diario y mensuales de digestato aplicado por paraje. Sin transparencia en tiempo real, no hay confianza.
• Impugnar actos administrativos cuando proceda y, si se da el caso, recurrir a la vía judicial ordinaria para revisar la declaración de “interés social” o autorizaciones otorgadas, si vulneran la norma o se apoyan en información insuficiente.
• Promover que el municipio revise su planeamiento y ordenanzas de actividades clasificadas para impedir implantaciones de gran impacto a distancias cortas de núcleos habitados o de equipamientos sensibles.
• Solicitar auditorías de capacidad: si el proyecto depende de traer residuos de largo radio, que lo reconozca y cuantifique su huella logística y atmosférica; si no, que se redimensione.
Boicot cívico y no violento: cómo y por qué
Este artículo defiende frenar el proyecto y propone boicot ciudadano en formas cívicas, pacíficas y legales (consumo, reputación, participación informada, desinversión responsable). No alienta ni ampara acciones ilícitas o peligrosas.
El boicot no es vandalismo ni bloqueo físico: es un ejercicio legítimo de presión democrática. En este caso, puede articularse de manera ética, legal y eficaz:
• Boicot a la aceptación social: si comercios, asociaciones y alojamientos locales rechazan hacer promoción o provisión logística al proyecto, el “licencia social para operar” se erosiona rápidamente.
• Boicot de consumo informado: evitar contratar o recomendar proveedores y servicios que sostengan el proyecto mientras no adopten compromisos verificables (redimensionamiento, planes de olor con indicadores, transparencia en tiempo real, distancias y barreras paisajísticas, logística ajustada a la comarca).
• Desinversión y presión a financiadores: dirigir escritos educados y bien documentados a bancos, fondos o aseguradoras potenciales, exponiendo riesgos reputacionales y regulatorios.
• “Name and ask” (no “name and shame”): en lugar de insultos, remitir preguntas técnicas claras y públicas a promotor y administración (¿cuántas horas de antorcha al año estiman?, ¿qué tasa de fugas base asumen?, ¿qué LDAR aplicarán y con qué frecuencia?, ¿qué porcentaje del digestato se inyectará al suelo?, ¿qué ventanas meteorológicas prohibirán la aplicación?). La ausencia de respuestas resta legitimidad.
• Acompañar el boicot con propuestas: apoyar cooperativas de manejo de deyecciones a escala comarcal, con financiación pública-privada y gobernanza abierta; impulsar pilotos de digestión en granja con apoyo técnico y condiciones de salud ambiental mucho más controlables.
El principio de proporcionalidad y precaución
Las tecnologías importan, pero más importa el dónde, cuánto y cómo. Una pequeña planta bien situada, con gas destinado a un consumidor firme cercano (calor de proceso, red de calor comarcal), con digestato aplicado por inyección en parcelas contiguas y con sensores de NH3 y CH4 en continuo, puede ser una solución razonable. Una macroplanta sobredimensionada, a corta distancia de viviendas, con chimenea visible y camiones entrando y saliendo a diario, no lo es. El principio de precaución impone frenar cuando el daño potencial es significativo y las salvaguardas son inciertas o insuficientes. Y el principio de proporcionalidad obliga a buscar la escala mínima necesario-suficiente para resolver un problema local (purines) sin crear otros nuevos (olores, tráfico, nitratos).
Paisaje, patrimonio y economía rural: costes invisibles
La calidad paisajística y el silencio son activos económicos reales en la España rural: turismo tranquilo, proyectos culturales, segundas residencias, economía creativa. Una antorcha de 18 metros humeando o encendida en un valle no es un detalle; es un hito industrial que reconfigura la identidad de un lugar. El coste reputacional para la comarca —y por tanto para su economía— es difícil de medir, pero no por ello despreciable. Lo mismo ocurre con el “riesgo de olor”: aunque se cumplan límites legales de emisiones, la molestia por olor crónico reduce bienestar, genera estrés y conflictos y deprecia activos inmobiliarios. Si ya existen alternativas más limpias y distribuidas, ¿por qué imponer la peor combinación de escala y localización?
Propuesta concreta de mínimos para cualquier proyecto de deyecciones en la zona
Si pese a todo la administración insiste en viabilizar el proyecto, la sociedad civil debería exigir, como mínimo:
• Redimensionamiento a la capacidad real comarcal, prohibición de importar sustratos de largo radio y veto a co-sustratos que aumenten olor o NH3.
• Distancia mínima reforzada a viviendas y equipamientos sensibles, con barreras vegetales y diseño paisajístico.
• Cobertura integral y depresión de todos los procesos con tratamiento por biofiltros o tecnologías equivalentes; plan de olores con indicadores (OU/m³) y metas mensuales; protocolo de eventos y compensación.
• Programa LDAR trimestral con publicación de resultados, metas de fugas <0,1–0,3% del caudal y auditorías externas anuales.
• Limitación estricta de antorcha (<1% horas/año, salvo emergencias), con almacenamiento intermedio y gestión de caídas de demanda.
• Plan de digestato con inyección al suelo como regla, trazabilidad por GPS en tiempo real, ventanas meteorológicas obligatorias y cupos por hectárea, más analíticas de suelo anuales publicadas.
• Estación pública de calidad del aire perimetral (NH3, H2S, CH4, PM2,5, meteorología) con datos en abierto y alarmas.
• Fondo de garantía y plan de cierre y postclausura para cubrir contingencias y evitar “activos varados” o abandonos.
La macroplanta de Praves no es la única forma de gestionar los purines, ni la mejor. La ciencia y la regulación europeas vienen insistiendo en que el reto del amoniaco y del metano se gana con buenas prácticas en origen, con escalas razonables y con transparencia total, no con macroproyectos de dudosa circularidad. Frenar este proyecto no es “estar contra lo renovable”: es defender una transición energética y agroganadera que ponga primero la salud, el agua y la calidad de vida de las personas, y que reparta de forma justa las cargas y beneficios. Hazas de Cesto y su entorno merecen soluciones a la altura del territorio, no atajos industriales de alto impacto.
Referencias
• Gobierno de Cantabria, comunicado sobre la continuidad del proyecto tras la DIA favorable (24/07/2025). cantabria.es
• Cadena SER Cantabria: DIA favorable, restricciones a residuos ganaderos, inversión y trámites posteriores de AAI, CROTU y licencia municipal; 1.600 alegaciones. Cadena SER
• El Periódico de la Energía: resumen de mejoras exigidas por la DIA (ocupación, inversión, limitación a purines y estiércoles). El Periódico de la Energía
• Cantabria: advertencias del PRC sobre chimenea de 18 m, quemador y magnitud de residuos; petición de explicaciones parlamentarias. elDiario.es
• Europa Press Cantabria: marcha comarcal ~1.500 personas en Ribamontán al Monte; cobertura de la DIA favorable con limitación a residuos ganaderos. Europa Press
• Cadena SER Cantabria: protesta en Santander contra macroproyectos eólicos y plantas de biogás, participación y motivaciones. Cadena SER
• Ecologistas en Acción Cantabria: alegaciones sobre deficiencias en la tramitación de la AAI (finales de 2024). ecologistasenaccion.org
• Marco legal de participación: Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental; Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados (AAI) y su régimen; Ley 27/2006 (Aarhus) y guía MITECO. miteco.gob.es
• Base científica y técnica: emisiones y control en plantas de biogás (olores, NH3, CH4; LDAR y MTD); retos europeos para reducir amoniaco; emisiones fugitivas y mitigación. europeanbiogas.eu
• Nitratos y aguas: seguimiento estatal 2020–2023 (MITECO). miteco.gob.es
