Actualizado el domingo, 24 abril, 2022
Bonnie Honnig, la filósofa política de la democracia radical, recorre en su último libro «Public Things. Democracy in disrepair» (2017) los avateres de las cosas públicas bajo el neoliberalismo. Una democracia, afirma, necesita cosas públicas además de votos. Sin ellas, que continúan en el tiempo, no es posible la democracia.
¿Quién cobra la obra? es un proyecto de Fundación Civio financiado por crowdfunding en Goteo gracias a 250 cofinanciadores. Es un proyecto con el objetivo de investigar con periodismo y datos qué constructoras se han llevado los mayores contratos y cuáles son sus vínculos con lo público.
La información de contratos y propiedad de las empresas se publica de forma parcial, en formatos no reutilizables (PDF) y es difícil de encontrar y tratar. Saber qué empresas se llevó determinado contrato de obras y quiénes están detrás de las mismas es una tarea difícil, que obliga a bucear entre documentos y en algunos casos, utilizar páginas de pago o investigar en el registro en papel del BORME, que sólo está digitalizado desde 2009.
Con ayuda de todo un equipo de colaboradores, extraen los contratos de obra civil que aparecen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para crear una base de datos pública y reutilizable que incluye, de forma estructurada, los datos más importantes de esas adjudicaciones: precio, fecha de ejecución, administración pública que paga la obra y, lo más importante, qué empresa se llevó el contrato.
Todos conocemos esos famosos elefantes blancos, símbolos del despilfarro. Lo que queremos ahora es mostrar qué empresas se encargaron de las obras.¿Quién cobra la obra? será un proyecto de la Fundación Civio para investigar con periodismo y datos qué constructoras se han llevado los mayores contratos y cuáles son sus vínculos con lo público.
Toda esta información se muestra en una página web con visualizaciones (las constructoras que más cantidad se han llevado, los contratos que se adjudicaron sin concurso público, el dinero gastado por cada administración…). Y no faltan, claro, las historias periodísticas: publican reportajes de investigación que profundizan en algunos de los casos más sonados y vinculan las constructoras adjudicatarias con sus propietarios, y a éstos con sus relaciones de poder y sus vínculos con lo público, muy en la línea de otro de otros proyectos como Quién Manda.
En ¿Quien cobra la obra? puedes encontrar qué empresa se llevó una determinada adjudicación o cuáles son las constructoras más afortunadas de determinado año en cada organismo público (por ejemplo, una determinada comunidad autónoma o un ministerio). Para completar y ayudar a entender mejor toda la información vinculada a los contratos públicos, además, incluyen unos manuales didácticos para explicar cómo funciona la contratación pública en España y traducir las leyes que la regulan.
Las obras españolas se reparten entre 10 constructoras. O así lo corroboran los siguientes datos: estas constructoras están presentes en siete de cada diez euros adjudicados en el BOE desde 2009 en contratos de obra pública.
Para que os hagáis una idea, teniendo en cuenta solamente los contratos en solitario, y no las UTE en las que participan, se llevaron uno de cada cuatro euros.
Aproximadamente, unas 2.600 empresas consiguieron contratos de obra pública, publicados en el BOE entre 2009 y 2015. Pero el reparto no es equitativo ni mucho menos. A pesar de la multitud de empresas, una buena parte de los importes repartidos en estos últimos siete años, que se han visto reflejados en el boletín oficial, se concentra en unas pocas manos.
Hablando de datos más concretos, un 25% de los 38.828 millones totales fueron adjudicados de forma directa a alguno de los diez grandes grupos constructores: ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, Isolux Corsán, Villar Mir, Comsa, Copisa y Grupo Sando.
Estamos hablando de 9.600 millones y eso no es todo. A esto debemos sumarle el importe concedido a Uniones Temporales de Empresas (UTE) de las que alguno de estos diez grupos forma parte. Así, el porcentaje sube a más de un 74%.En definitiva, estas diez grandes empresas constructoras estuvieron presentes en siete de cada diez euros de las adjudicaciones de obra pública, es decir, en 28.830 millones del total de 38.828.
Estos datos podéis consultarlos vosotros mismos, las cifras han sido extraídas de un análisis realizado a los contratos de obra publicados del BOE. Pero, ¿por qué han extraído los datos de las adjudicaturas de 2009 a 2015? Es muy sencillo, antes del 2009 las adjudicaciones se publicaban como texto plano, sin estructura clara, y el proceso se complicaba. .Otra cosa en común para estos diez gigantes de la construcción es que, de alguna manera, todos han visto cómo sus marcas se vinculaban a uno u otro —o varios— casos de corrupción. Aunque debemos destacar de no todos están al mismo nivel de implicación: en algunos casos estamos hablando de citaciones en investigaciones abiertas que pueden quedar en papel mojado y, en otros, en detenciones de altos cargos de las compañías, como pasó con los Sumarroca.
Se agradece que páginas así nos ayuden a dar más transparencia a las concesiones públicas y saber quiénes están detrás de cada una de ellas.